La comunidad de propietarios de un edificio residencial de Platja d'en Bossa (Sant Josep de sa Talaia) ha lanzado una advertencia al Consell de Ibiza. En concreto, le ha comunicado que si no deja el “acoso y persecución”, a través de las inspecciones turísticas, iniciará “un procedimiento penal”.

Según informa Diario de Ibiza, los vecinos hacen alusión a las inspecciones turísticas, con las que se investiga la comercialización de pisos para uso vacacional, que se efectuaron en octubre de 2018 y los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de este año. Entonces, se personaron en el edificio dos inspectores del Consell junto con dos agentes de la Policía Local. En el escrito presentado por los propietarios, elaborado por la abogada Patricia de las Heras, se destaca que estas personas estuvieron en el bloque desde las 10.00 hasta las 22.00 horas “ininterrumpidamente”.

A este respecto, en la citada misiva de las Heras asegura, que los inspectores interceptaban a “cualquier sujeto que entrara o saliera del edificio, ya fueran moradores, propietarios, amigos, familiares, limpiadoras… para exigirles su identificación inmediata y someterlos a un interrogatorio amplísimo sobre quiénes eran y qué hacían allí”.

Los propierarios, a su vez, han denunciado el reparto de panfletos por parte de los inspectores con el mensaje: “La ley es clara: si es un piso, ¡no es legal!”, algo que la abogada tilda de falso. En esta línea, de las Heras asevera que en este edificio “se podría desarrollar legítimamente la comercialización de estancias turísticas”, pero ello no significa que “se esté haciendo”.

Por ello, insta al Consell a hacer los deberes y a delimitar las zonas aptas para esta actividad, tal y como estipula la ley turística, así como a cesar “en una persecución infundada que solo genera molestias”. “Cualquier apartamento del edificio podría presentar una declaración responsable y ejercitar libre y lícitamente esta actividad”, insiste la letrada. “Sin embargo, el Consell no lo permite… y pretende sancionar a los ciudadanos por una ilicitud que existe por su propia inactividad”. Así, el escrito detalla que la actitud de la entidad “rozaría si no constituiría un posible delito de prevaricación administrativa al prohibir de facto una conducta lícita y perseguirla con un ensañamiento nunca antes visto”.

La postura del Consell

El Consell, por su parte, ha abierto diligencias previas al deducir que en este edificio, supuestamente, se estaban ofertando pisos turísticos. Con estas, serían 80 las que se han iniciado este año en toda la isla.