Las comunidades de vecinos han salido notablemente reforzadas de la nueva Ley de medidas urgentes para el alquiler de viviendas, aprobada el pasado viernes, 14 de diciembre, por el Gobierno español.

Tal es así, que si tres quintas partes de los propietarios de una comunidad rechazan el uso turístico de un piso, a este le será denegado el permiso. Anteriormente, para llegar a este fin, todos los vecinos debían posicionarse en contra.

Según ha informado El Mundo, la nueva normativa contempla que, en las juntas de vecinos donde exista una vivienda turística, se podrá exigir a su propietario que asuma hasta el 20% de los gastos totales con independencia de su cuota.  

A su vez, pese a que la ley no tiene carácter retroactivo, ejercerá una gran incidencia sobre la oferta ilegal de pisos turísticos en ciudades como Madrid -donde las viviendas irregulares casi duplican las 9.500 registradas-,  Barcelona o Palma (Mallorca), que ha motivado el desplazamiento de los vecinos a otros barrios, así como la saturación turística.