La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha pronunciado sobre el conflicto del taxi y VTC y ha criticado el decreto ley aprobado por el Ejecutivo central el pasado septiembre, con el que se traspasan las competencias del Gobierno a las comunidades autónomas y ayuntamientos.

A este respecto, la CNMC considera que los “usuarios finales se verán perjudicados, previsiblemente en forma de mayores precios, mayores tiempos de espera, menor calidad y menor innovación en el transporte”. Lo cierto, tal y como informa ABC, es que este decreto ley no permite a los conductores con licencia VTC nacional operar en el ámbito urbano y limita sus servicios al plano interurbano, lo que supone la expulsión de este tipo de vehículos de las ciudades.

“Estas medidas afectarán negativamente a la competencia en el transporte discrecional de pasajeros, al reducir el número de operadores disponibles para poder prestar servicios discrecionales de transporte urbano e interurbano y su capacidad e incentivos para competir”, asegura Competencia.

La CNMC también ha criticado la normativa aprobada por el anterior Gobierno presidido por Mariano Rajoy, que contempla la regla de proporcionalidad de una licencia VTC por cada 30 de taxi y ha propuesto flexibilizar tanto las VTC como el sector del taxi. En concreto, solicita “revisar las restricciones al número de licencias de taxis y de VTC”. En la actualidad, España cuenta con unas 70.000 licencias de taxi y 12.000 VTC.

Al mismo tiempo, Competencia ha propuesto fijar un mecanismo competitivo de selección de operadores, así como que las licencias se concedan con una duración determinada, para que “se evite petrificar la competencia en el mercado y se generen rentas monopolísticas en las transmisiones de las autorizaciones”. Es decir, sugiere que se concedan en régimen de concesión en concurso público.  

Cabe destacar, que la CNMC se ha pronunciado en medio de la huelga indefinida convocada por el taxi de Madrid, que se inició el pasado lunes, 21 de enero. El sector exige, de esta manera, que se regulen las VTC, así como se apliquen las mismas medidas que en Cataluña: que se fijen límites horarios y se establezca la precontratación del servicio, es decir que un vehículo de Uber o Cabify se reserve con horas de antelación.