El Ayuntamiento de Barcelona entregó el pasado miércoles, 24 de julio, la licencia de obras de la Sagrada Familia a la Junta Constructora, después de que esta abonara los 4,6 millones de euros correspondientes en impuestos y tasas asociados al permiso.
Según ha informado Heraldo, así han cerrado, ambas partes, un asunto pendiente desde 1885, hace más de 130 años. La teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, y el presidente delegado de la Junta Constructora, Esteve Camps, manifestaron, en rueda de prensa, que el pacto se ha formalizado, tras dos años de trabajo conjunto.
Con este acuerdo se ha conseguido regular la construcción de la basílica, que se realizará por etapas y cuya finalización se estima para el año 2026. Bajo este marco, la Junta Constructora aportará 36 millones de euros en los próximos 10 años, para financiar los gastos municipales que deriven de los trabajos, que estarán relacionados con urbanización, movilidad, transporte público y mantenimiento del espacio público.
A su vez, contribuirá con 4 millones para reurbanizar las calles aledañas a la basílica y con 3 millones en 10 años (300.000 anuales) para los servicios de limpieza, vigilancia y agentes cívicos.
Por su parte, el patronato destinará 22 millones, durante el mismo período de tiempo, para la mejora del transporte público, así como 7 millones para la mejora de la accesibilidad del templo desde el Metro. Incluso, se estudiará con Adif y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) crear un acceso subterráneo directo.
