El Cabildo de Fuerteventura, junto al Ayuntamiento de La Oliva, la Demarcación de Costas en Canarias y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, quiere proteger la pequeña isla de Lobos y para ello, a partir de enero de 2019 aplicará de forma más estricta el límite diario de visitas permitidas y comenzará a cobrar una ecotasa, como ya ocurre en Cataluña y en Baleares.
La noticia no ha pasado desapercibida para la prensa internacional que se ha hecho eco. Medios británicos como The Sun, Travel Weekly o The Mirror han recogido la historia indicando que “furiosos grupos ambientalistas” han provocado este movimiento de la entidad insular. Asimismo, el diario alemán especializado en turismo Reise Reporter, también ha hecho mención a la temática.
Esta isla de menos de cinco kilómetros cuadrados y ubicada a 15 minutos en barco al noroeste Fuerteventura llega a recibir hasta 2.000 visitantes todos los sábados y domingos, todo pese a que al Cabildo de Fuerteventura, de cuya gestión depende, sólo permitía que un máximo de 200 personas.
Los principales señalados en esta masificación del islote fueron los taxis acuáticos que trasladan a los visitantes desde puntos turísticos majoreros muy reconocidos como Corralejo (municipio de La Oliva) a la playa del Puertito en Lobos, un emplazamiento donde está prohibido embarcar y desembarcar pasajeros, según Demarcación de Costas. De hecho, esta entidad ya ha multado a empresas de water taxis con hasta 3.000 euros por maniobrar en la citada playa.
A partir de la primera quincena de 2019, desde el organismo insular han asegurado que se harán controles más estrictos con el fin que se cumpla el límite marcado. Asimismo, se cobrará una tasa aún no especificada por el acceso, cuya recaudación se destinará la conservación, limpieza y vigilancia del espacio natural.
El objetivo de todas estas acciones es preservar este entorno. Y es que la llegada masiva de turistas pone en peligro este entorno que desde 1982 es uno de los espacios naturales protegidos de Canarias. Cuenta con un rico ecosistema marino y es hogar de aves y plantas autóctonas que las autoridades quieren proteger.
La isla, deshabitada desde 1960, es gestionada por la empresa valenciana Martínez Cano que se ocupa del mantenimiento y conservación, así como la atención a los turistas que la visitan.
