El desacuerdo entre los diferentes grupos políticos puede retrasar más la entrada en vigor de la nueva normativa del alquiler vacacional propuesta por el gobierno balear.
La nueva reforma pretende elevar las multas al alquiler turístico ilegal de hasta 40.000 euros, así como otorgar potestad a los consejos insulares y al Ayuntamiento de Palma para prohibir el arrendamiento vacacional en zonas residenciales que se vean especialmente afectadas por la especulación. Además, la nueva regulación contempla cupos máximos de plazas hoteleras y extrahoteleras en las islas.
Sin embargo, aún no entrará en vigor y su votación, prevista para mañana martes, está en duda. Podemos en Balears ha asegurado que quiere seguir debatiendo puesto que actualmente no están dispuestos a dar su apoyo al Partido Socialista de Islas Baleares y a Més puesto que creen que esta reforma no ayudará a que se reduzcan los precios del alquiler.
Así, tras dos años de negociaciones entre patronales del sector turístico, grupos parlamentarios y ecologistas, esta nueva medida se mantendrá en standby hasta que exista un acuerdo parlamentario.
Mientras tanto, el alquiler continúa suponiendo un gran quebradero de cabeza para los residentes en Baleares que afrontan una nueva temporada de lleno turístico con lo que muchos consideran como una “emergencia habitacional” en Palma e Ibiza.
