Durante la jornada de ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados el real decreto que liberaliza el sector de la estiba en los puertos españoles.

Finalmente, este cambio en la normativa, impulsado por la amenaza de sanciones millonarias por parte de la Unión Europea, no ha contentado ni a trabajadores ni a la patronal del sector.

Los sindicatos, que estuvieron presentes en la cámara y que tuvieron que ser desalojados por sus abucheos en contra del Partido Popular, consideran que esta decisión “es una traición a los estibadores españoles e incluso de sus intereses nacionales”, en palabras de Paddy Crumlin, presidente de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF). 

De hecho, esta entidad sostiene su amenaza de internacionalizar el conflicto. Crumlin sostiene que el gobierno ha roto con el “reglamento con una vergonzosa falta de respeto por los empleos, el prestigio de España, las convenciones internacionales y las consecuencias”, por lo que añade que el Ejecutivo español se enfrentará a “un frente unido de los trabajadores de todo el mundo en apoyo de sus colegas españoles".

Por su parte, desde la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), Terje Samuelsen incide en que la reforma va “más allá” de las reglas de la Unión Europea”, aseverando que “los sindicatos están siendo obligados a ir a la huelga”.

Así, a partir del próximo 24 de mayo, tal y como habían anunciado, los estibadores realizarán paros alternos en los puertos españoles que se extenderán por tres semanas.

Por su parte, la patronal del sector, Anesco, ha expresado su descontento al no haber podido participar en el proceso de aprobación del decreto, algo a lo que se había comprometido el gobierno: “En ningún momento las empresas del sector han podido expresar su posición, faltándose al compromiso”. Además, denuncian que los trabajadores están realizando actualmente “un acto de huelga encubierta e ilegal”.