Suenan tambores de guerra en el sector del transporte de pasajeros en Madrid y el Tribunal Supremo puede convertirse en el desencadenante de la misma. El órgano judicial tiene que decidir este año si libera las más de 3.000 licencias VTC (Autorización de arrendamiento de vehículos con conductor) que están actualmente bloqueadas en la Comunidad de Madrid.
Estas licencias son las que permiten a compañías como Uber o Cabify operar, existiendo actualmente en la región presidida por Cristina Cifuentes 1.964 de ellas. Pese a la insistencia de las empresas privadas en obtener más, la postura del gobierno autonómico ha sido denegarlas salvo que una sentencia les obligue, ya que consideran que existe “una situación de desequilibrio” con las licencias de taxi (15.776). Según la ley Ónmibus, el ratio debe ser de una VTC por cada 30 licencias, mientras que “el ratio actual es de 1,85 VTC, muy por encima de lo permitido".
Sin embargo, un vacío legal entre 2013 y 2015 posibilitó que muchos conductores y empresas tuviesen derecho a obtener su VTC, por lo que han reclamado ante la justicia recibiendo diferentes respuestas según la comunidad autónoma en la que lo hiciesen. Fue el propio gobierno autonómico de Madrid a través de la Dirección General de Transportes quien solicitó al Tribunal Supremo que unificase doctrina al respecto debido a la disparidad de las sentencias.
Ahora, todos están a expensas de la decisión del Supremo, que puede suponer el despliegue de una flota de 3.000 nuevos coches con conductor en la capital de España. Algo que desde el sector del taxi contemplan con preocupación. Tanto que cada vez son más comunes los ataques contra coches de las empresas privadas.
